La llegada de la inteligencia artificial capaz de generar contenidos hiperrealistas —conocidos como deepfakes— plantea nuevos retos legales en México. Estas falsificaciones digitales pueden incluir imágenes, videos o audios que parecen reales pero que han sido creados o manipulados sin autorización de la persona representada. Aunque no existe una ley federal específica que regule todos los usos de esta tecnología, el país ya está moviéndose para establecer sanciones claras cuando se vulneran derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y la propia imagen.

En el Estado de México, la LXII Legislatura aprobó reformas al Código Penal local para castigar la creación y difusión de deepfakes íntimos sin consentimiento con penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas, señalando la urgencia de cerrar las brechas legales ante avances tecnológicos acelerados. Además, iniciativas en el Senado de la República han buscado equiparar las sanciones por creación y distribución de contenido explícito generado con IA a delitos de violación a la intimidad sexual, con propuestas de prisión y multas a nivel federal.

A nivel jurídico más amplio, México protege aspectos de privacidad e identidad personal mediante leyes de protección de datos y disposiciones contra la usurpación de identidad, que pueden aplicarse a casos de deepfakes maliciosos incluso antes de contar con normas específicas. Por ejemplo, el uso no autorizado de una imagen o voz puede constituir una infracción a la propia imagen o un daño moral amparado por leyes existentes. Sin embargo, expertos legales coinciden en que todavía es necesaria una regulación integral que contemple tanto la prevención como la sanción de este tipo de contenido en todos los ámbitos digitales, especialmente ante posibles usos con fines de extorsión, acoso o difusión masiva.

En este contexto, el debate legislativo en México sigue activo, con propuestas y reformas en discusión para adaptar el marco legal al rápido desarrollo de la inteligencia artificial y sus implicaciones sociales. La protección de los derechos individuales en el entorno digital es una prioridad en este proceso de actualización legal, que busca equilibrar la innovación tecnológica con la defensa de la dignidad humana.

Redacción: #TQHTeam