El Congreso de la Ciudad de México aprobó una legislación ampliamente conocida como la “Ley Ácida” el jueves pasado.
Esta ley, también referida como la “ley Malena”, tiene como objetivo fortalecer las sanciones, incluyendo penas de cárcel y multas, para los ataques con ácido, categorizándolos como intento de feminicidio.
El dictamen fue aprobado por 42 votos a favor y ninguno en contra. Introduce el término de “violencia ácida” en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y reforma el Código Penal para imponer penas de entre ocho y 12 años de prisión, junto con multas de aproximadamente entre US$ 1.896 y US$ 4.425, para quienes cometan estos ataques con sustancias químicas.
Además, la reforma al Código Penal estipula que estas penas se incrementarán en un cincuenta por ciento “cuando resulte en deformidad facial, cause daños en órganos o afecte a niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad”.
Si los ataques causan daños físicos permanentes o afectan los órganos reproductivos, serán clasificados como tentativa de feminicidio, lo que impedirá que los presuntos agresores sean juzgados por delitos menores de lesiones.
Anteriormente, este tipo de violencia solo se consideraba un agravante en casos de lesiones. La ley se aplica también a ataques dirigidos a mujeres transexuales o transgénero, motivados por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
La “ley Malena”, así llamada en honor a la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019, garantiza el derecho a la salud y la reparación integral del daño.
Ríos celebró la aprobación y dijo en una conferencia de prensa con medios que la ley “marca un precedente para todos los agresores” y para atender el problema de la violencia ácida.
La aprobación de la “ley Malena” establece que la Secretaría de Salud tiene 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para llevar un registro oficial y remitir la información y las estadísticas sobre las personas atendidas por violencia con ácido.
El dictamen fue enviado al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación.
